El peor escenario digital se ha cumplido en Cataluña. El ‘decretazo’ de Pedro Sanchez que entro en vigor el pasado 6 de noviembre ha sido convalidado con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos. Este Real Decreto busca, segun el Gobierno en funciones, frustrar la llamada Republica Digital Catalana y permite al ejecutivo intervenir las telecomunicaciones y redes si se vulnera el “orden publico”.

El presidente español ha señalado en anteriores ocasiones que no habra independencia ni online, ni offline, en referencia a la iniciativa digital lanzada en Cataluña como una herramienta que plantea un nuevo concepto de la ciudadania que no esta basada en un territorio especifico.

La aprobacion del decreto se enmarca en medio del reto independentista en la region y semanas despues del bloqueo de las plataformas de Tsunami Democràtic, el grupo que organizo las protestas despues de la sentencia a los lideres independentistas. La organizacion fue calificada como grupo terrorista.

El partido Podemos se abstuvo en la votacion, mientras que los ultraderechistas de Vox votaron en contra al considerar que la medida socava la libertad de expresion.

El decreto, que fue puesto en vigor con caracter de urgencia, fue criticado duramente por la Generalitat de Cataluña. El conseller de Politicas Digitales, Jordi Puignero, lo califico como el “155 digital” y una nueva version de la ley mordaza. “Es una ley que hace retroceder a España en derechos fundamentales como Turquia y China y eso no es tolerable en el siglo XXI”, dijo.

Asimismo, abogados expertos en derechos digitales pusieron en duda la constitucionalidad de la medida. Por su parte, activistas de los derechos digitales compararon la ley digital con las aprobadas en paises como China en medio de las manifestaciones en Hong Kong.

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Ademas, destacaron que el Gobierno ya tenia la capacidad de intervenir las comunicaciones antes de este decreto, aunque ahora han aumentado los supuestos para argumentar estas acciones. Estos han sido duramente criticados porque se basan en terminos ambiguos como “orden publico” y “salud publica”.